El anuncio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires del cierre de Escuelas y aulas, representa una de los más graves retrocesos que en el ámbito de la educación se tenga memoria.

Las Escuelas afectadas pertenecen al ámbito rural o las conocidas como Escuelas de las islas, cada una de ellas con sus respectivas identidades e historias, acogen a los niños de la zona y los abrazan junto a sus familias.

Muchos de estos establecimientos funcionan con matrículas pequeñas, expresión a su vez de variadas razones entre las que no se excluye el desplazamiento de población por razones de extrema pobreza.

Los docentes de esos establecimientos son constructores de una pedagogía, que no sólo abarca el proceso de aprendizaje sino también el de construcción de valores de solidaridad y respeto a la naturaleza entre tantos otros logros.

El argumento de las autoridades del área, de atribuirle al funcionamiento de estas Escuelas un alto costo para su funcionamiento, implica claramente que la visión de la educación no está concebida como un derecho inalienable y que la inversión deberá ser mayor donde mayores son las necesidades.

Los docentes organizados en sus respectivos gremios, están haciendo escuchar su voz y junto a ellos, madres y padres, vecinos en general y muy especialmente la voz de los propios niños y niñas que reclaman ser respetados en su deseo de continuar estudiando en la Escuela de su área territorial.

Llamamos a la Gobernadora a dejar sin efecto esta medida y por el contrario, afirmado en el concepto de inversión, ampliar las condiciones de educabilidad en función del derecho de los niños, sus familias y los docentes.