En las últimas horas, la responsable Nacional del Área de Seguridad manifestó enfáticamente que estábamos en un «cambio de doctrina en materia de funcionamiento y criterios de intervención respecto de las fuerzas de seguridad».

Resulta muy difícil descifrar este concepto si no fuera a la luz de hechos concretos y contextos sociales en los que se visibiliza el modo de actuación de las fuerzas de seguridad.

Hechos puntuales como el asesinato del joven Rafael Nahuel en la zona del Mascardi, la persecución sobre Santiago Maldonado que concluyera con su muerte, o la muy reprochable conducta del policía fuera de actividad de apellido Chocobar, que expresara un grado de actualización extrema de la metodología del «gatillo fácil», nos indica que el contenido del cambio doctrinario se orienta en respaldar a las fuerzas bajo su dependencia y en abierta contradicción con Convenciones Internacionales, Leyes e incluso protocolos específicos de intervención.

A esto debemos sumar la presencia amenazante, intimidante y en variadas oportunidades con denuncias judiciales de por medio, de las fuerzas federales de seguridad, instaladas en los barrios populares y en el marco de un franco hostigamiento a los grupos juveniles que en el medio de la pobreza y la exclusión social construyen la esperanza desde colectivos activos y representativos del sentimiento colectivo.

Por supuesto que en este escenario abunda la diversidad y se percibe la presencia de actores de enorme significación en la protección de derechos de los jóvenes por parte de los Curas Villeros o de movimientos sociales autogestionados como los que se expresan a través de La Garganta Poderosa.

Nos preguntamos si la nueva doctrina también incluye una mayor persecución penal de niños, niñas y adolescentes con arrestos arbitrarios y ejercicio de la violencia, los malos tratos y la tortura.

Surge de esta realidad una primera y básica reflexión: «Frente al aumento de la pobreza y la exclusión social, se pretende disciplinar y amedrentar los colectivos sociales para que el individualismo actúe como freno a las demandas sociales».

La nueva doctrina pareciera dispuesta a sobrepasar los límites del estado de derecho y la legalidad que requiere la vigencia de la democracia sustituyéndola por principios de arbitrariedad e impunidad a los perpetradores de violaciones de Derechos Humanos.

Quienes enarbolan estas «nuevas doctrinas» puede que encuentren comodidad  dentro de los círculos más cercanos instalados básicamente en el Poder económico, financiero, político y con la pasividad  de algunos sectores de la justicia, pero ignoran que hay un pueblo con memoria histórica, que a lo largo de nuestra construcción como Nación y en diferentes pasajes de la misma, supo reafirmar valores republicanos, democráticos y de imperio de la ley.

Resulta una exigencia de la sociedad democrática, que el gobierno nacional explicite en qué consiste la nueva doctrina y con ella, cuáles son los objetivos que se propone en su implementación en las condiciones concretas de una crisis social que pareciera profundizarse en tanto no se reviertan las actuales políticas, y en las cuales las jóvenes generaciones además de vivir cercados por la pobreza, hostigados por las expresiones de la «nueva doctrina» puedan ejercer en plenitud sus derechos, y asumirse como protagonistas activos en el reconocimiento de su propia identidad como sujeto social y contribuyendo a la recuperación de los mejores valores de nuestra condición de pueblo y nación.